La justicia belga rechazó este viernes extraditar al independentista Lluís Puig, reclamado por España por el intento de secesión de Cataluña en 2017, una decisión que podría complicar la entrega del principal dirigente Carles Puigdemont.

«La Cámara del Consejo [del Tribunal de primera instancia de Bruselas] rechazó ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), considerando que la autoridad española que la emitió no es competente», dijo la fiscalía de Bruselas.

Casi tres años después, España fracasa en su tercer intento de extraditar desde Bélgica a alguno de los miembros del gobierno catalán que impulsaron entonces un referéndum prohibido y que abandonaron el país para esquivar la acción judicial.

Por esos mismos hechos, el Tribunal Supremo español condenó en octubre a hasta 13 años de prisión a otros nueve líderes independentistas que permanecieron en España, entre ellos la ex mano derecha de Puigdemont en el gobierno, Oriol Junqueras.

La justicia española acusa al ex consejero de Cultura de malversación de fondos y desobediencia. A tres de los juzgados en octubre por esos delitos se les impuso una multa de 60.000 euros (70.000 dólares) e inhabilitación por desobediencia.

En noviembre, el juez instructor de la causa Pablo Llarena solicitó a Bélgica la entrega de Puig para juzgarlo, una tercera euroorden después de retirar una primera en 2017 y otra en 2018 después que Bélgica la rechazara por vicio de forma.

Pero el juez la rechazó de nuevo, ya que «Puig nunca fue parlamentario», por lo que Llarena no era competente, explicó su abogado, Paul Bekaert. Según el letrado Gonzalo Boye, la jurisdicción competente sería «un juzgado ordinario de Barcelona».

La fiscalía de Bruselas, que representa a la justicia española en el caso, todavía no anunció si recurre la decisión, que pasaría entonces al Tribunal de Apelación. Un tercer recurso sería aún posible ante el Tribunal de Casación en Bélgica.

Bekaert se dijo confiado en que, en caso de apelación, el rechazo se mantenga. «España abusa de la euroorden por motivos políticos (…) Hay que resolver sus problemas políticos de manera política y no jurídica», agregó el letrado.

«El gobierno español tiene en su mano iniciar los trámites para aplicar una amnistía total y que el Tribunal Supremo invalide el juicio [por los hechos] del 1 de octubre», urgió en rueda de prensa Puig, «contento» por la decisión.

– «Mismo argumento» –

Más allá del caso del ex consejero de 60 años, la decisión de este viernes complica la entrega desde Bélgica de Puigdemont, al frente del gobierno regional en octubre de 2017, así como de su ex consejero de Sanidad, Toni Comín.

Puigdemont y Comín afrontan una euroorden por sedición y malversación, mientras que la justicia escocesa examina otra contra la ex consejera de Educación Clara Ponsatí por sedición, pero sus procesos están en suspenso al ser eurodiputados.

La Eurocámara debe decidir primero si les retira la inmunidad como pide España. La decisión final se esperaba para mediados de año, pero la pandemia la retrasó a finales de 2020 o inicios de 2021, según fuentes parlamentarias.

Las reuniones a distancia, decididas para evitar la propagación de la COVID-19, no facilitan la confidencialidad necesaria para el examen de los suplicatorios por la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, explicaron las fuentes a la AFP.

Paul Bekaert avanzó que, si la Eurocámara levanta la inmunidad, invocarán el «mismo argumento». «El Supremo no es competente para perseguirnos y juzgarnos. En el reino de España no se respetan los derechos fundamentales», tuiteó Puigdemont.

Fuente: AFP