Jáquez Lizardo dice a Tribunal Superior Electoral no le temblará el pulso para aplicar ley con garras

Foto: Mery Ann Escolástico

Por Nicole Espejo

Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.– El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, dijo que se proyecta un incremento de las labores contenciosas electorales para las etapas electorales que restan.

“Ya hay una ley con garras, y este tribunal, con las pruebas en mano, no le temblará el pulso para aplicarla”, advirtió con tono directo ante los venideros procesos electorales.

Mientras Liranzo hacía una breve rendición de cuentas ante los observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) que acompañarán a la Junta Central Electoral (JCE) en las elecciones municipales del próximo domingo, Jáquez Liranzo habló de manera específica sobre el aumento de la judicialización del proceso electoral en años preelectorales y electorales.

En cifras, en el año 2015, año preelectoral, el tribunal dictó 26 sentencias contenciosas electorales, y en el año 2016, año electoral, fueron dictadas 641 sentencias, totalizando 667 sentencias contenciosas electorales en ambos años.

Sin embargo, enfatizó el magistrado, en el pasado año 2019, un año preelectoral, el TSE dictó un total de 156 sentencias contenciosas electorales, y sólo en el mes de enero y hasta el día de ayer 13 de febrero, el tribunal ha dictado 341 sentencias contenciosa electorales relacionadas todas con la etapa preelectoral de las elecciones del nivel municipal del próximo domingo.

Esto, sumado a las 156 sentencias dictadas el año pasado, totalizan 497 sentencias, lo que equivale aproximadamente al 80% del total de las sentencias del año 2015 y 2016.

“Sin lugar a dudas, proyecta un incremento de las labores contenciosas electorales para las restantes etapas de las elecciones generales que serán celebradas en el país durante todo este 2020.”

Las labores del TSE se distribuyen en amparos electorales, recusaciones hechas a miembros de las juntas electorales, recursos de revisión a decisiones propias del tribunal, reconocimiento de actas de estado civil con carácter judicial, y conflictos surgidos a raíz de plebiscitos y referéndums.