Un tribunal de Cataluña abrió este lunes el juicio por desobediencia al presidente regional, el independentista Quim Torra, por no retirar símbolos separatistas de edificios públicos en campaña electoral.
La fiscalía pide en su contra un año y ocho meses de inhabilitación para ocupar todo cargo público, y una multa de 30.000 euros.
Dicha condena le impediría seguir siendo presidente de esta región del noreste de España, en ebullición desde que en octubre el Tribunal Supremo dictó penas de entre nueve y 13 años de prisión contra líderes independentistas, implicados en el intento fallido de secesión de 2017.
Los hechos que han llevado al banquillo de los acusados a este allegado del ex presidente Carles Puigdemont se remontan a marzo.
La junta electoral española le ordenó que retirara símbolos independentistas colgados de edificios públicos en la región, para garantizar la neutralidad institucional durante la campaña electoral de las legislativas del 28 de abril.
El símbolo más llamativo era una pancarta en la fachada de la sede del gobierno catalán, en Barcelona, donde se leía «Libertad para los presos políticos y los exiliados», acompañada de un lazo amarillo.
Dicho lazo es un símbolo empleado por los independentistas para reclamar la libertad de sus dirigentes encarcelados, y se ha convertido en un elemento omnipresente en ciudades y pueblos de Cataluña.
Tras ignorar dos veces el plazo fijado por la autoridad electoral para la retirada de esos símbolos, el gobierno catalán recubrió esa pancarta con otra similar, en la que aparecía un lazo blanco tachado de rojo, en lugar del lazo amarillo. Finalmente, Torra cedió y retiró las dos pancartas.
En su comparecencia ante el juez, el dirigente separatista reconoció haber desobedecido la orden de la junta electoral central.
«No la cumplí, o dicho de otra manera, sí, la desobedecí», declaró Torra, argumentando que la junta electoral central «no tenía competencia» para dictar la retirada de los símbolos, ya que «no es un órgano superior jerárquico del presidente» de Cataluña.
Respondiendo a preguntas de su abogado, el chileno Gonzalo Boye, Torra sostuvo que el lazo amarillo «no es propaganda», sino que expresa «un deseo de justicia» y un «deseo de protesta».
Igualmente, aseveró que la expresión «presos políticos» no es partidista, sino «una manera de expresarse dentro de lo que yo entiendo que es la libertad de expresión».
El juicio oral quedará visto para sentencia este mismo lunes, y la decisión de la corte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
En el escenario de que haya condena y ésta sea apelada, Torra seguiría siendo presidente hasta que el Supremo se pronuncie, lo que podría llevar varios meses.
Fuente: Agencia Francesa de Prensa