Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- Trasciende que el Juez Suplente y Presidente en funciones del Tribunal Superior Electoral, Lic. Marcos Cruz García anuló, usurpó y despojó de las atribuciones que la ley les confiere al Pleno y a los Jueces Titulares del Tribunal Superior Electoral, ejerciendo sus funciones de manera dictatorial, personalista, individual y sin informar, ni comunicar ningunas de sus actuaciones a los demás integrantes de ese organismo, a los cuales no los escucha para tomar decisiones y los trata con desprecio e irrespeto.

Según fuentes de entero crédito, desde el mes de diciembre del año 2020, el Juez Suplente, en funciones de Presidente, ha asumido una conducta intimidatoria, amenazante, y beligerante en contra de los magistrados del Tribunal, y es notorio el trato desconsiderado que se manifiesta con insultos, irrespeto, humillaciones, trato vejatorio, palabras hirientes, ofensivas y agresivas hacia los Jueces Titulares Santiago Sosa Castillo y Rafaelina Peralta Arias, siendo ésta última, víctima de violencia verbal y, psicológica en contra de la mujer, lo cual está tipificado como una violación a las disposiciones contenidas en el artículo 309-1 del Código Penal, modificado por la Ley No.24-97, lo que mantiene a dicha magistrada con temor a que se pueda producir en cualquier momento una agresión o atentado en contra de su integridad física.

A pesar de los exabruptos del Juez Suplente y Presidente en Funciones del Tribunal Superior Electoral, la situación había sido parcialmente controlada, por la actitud prudente adoptada por los magistrados Cristian Perdomo Hernández y Ramón Arístides Madera Arias, los cuales asumieron el rol de mediadores, llamando al respeto, comprensión y sensatez, con el objetivo de armonizar y conciliar, para persuadir al Suplente y Presidente en funciones, Lic. Marcos Cruz García, a fin de que se someta al principio de legalidad, para que el buen nombre y los logros obtenidos por el Tribunal Superior Electoral, no sea mermado ni menoscabado por la conducta intimidatoria llevada a cabo por el Suplente del Presidente del Tribunal Superior Electoral, en contra de los miembros del Pleno, especialmente exigiendo respeto y consideración para los magistrados Santiago Sosa Castillo y Rafaelina Peralta Arias.

El señor Marcos Cruz García, pretendía desvincular a ciento veinte (120) empleados del Tribunal Superior Electoral para designar amigos y allegados suyos, e incluso, ya tenía una lista de los primeros cincuenta (50) colaboradores para ser cancelados de la institución, lo cual no fue posible por la intervención y mediación de los magistrados Cristian Perdomo Hernández y Ramón Arístides Madera Arias, quienes lo persuadieron para que esa situación no sucediera, porque el tribunal podía ser objeto de múltiples demandas; que iba a tener que pagar muchas prestaciones laborales, a pesar de la gran crisis económica que afecta a la institución y que a él les iban a poner decenas de querellas penales ante la Procuraduría General de la República, por exceso de poder, prevaricación y otros tipos penales.

A pesar de lo expuesto en el párrafo precedente, el magistrado Suplente Marcos Cruz García, se atrevió a solicitarle a los magistrados Cristian Perdomo Hernández y Ramón Arístides Madera Arias, que les firmen un poder notarial, con el objetivo de actuar por mandato de esos dos magistrados, para desvincular y vincular empleados; así como también, para que se le permita a él, ejercer todas las medidas y actuaciones administrativas, sin tener que rendirle cuenta al Pleno.

Ante tal situación, los magistrados  Cristian Perdomo Hernández y Ramón Arístides Madera Arias, reaccionaron indignados y rechazaron categóricamente esa propuesta indecorosa por considerar que ese pedimento constituye un irrespeto a su investidura, a su compromiso con el pueblo, con la institución; y que jamás procederían a delegar sus responsabilidades, ni sus atribuciones, ni a  incurrir en violación de la ley, ni de la institucionalidad; que no iban a poner en juego su buen nombre, ni el prestigio ganado durante su trayectoria en lo personal, moral, ético, profesional y familiar; y que bajo ningún concepto van a comprometer su responsabilidad, ante las posibles acciones desmedidas o desproporcionadas que eventualmente pueda cometer una persona sedienta de poder y que tiene una vocación autoritaria, cuya versión fueron confirmadas por fuentes de entero crédito.

Es un secreto a voces en los pasillos del Tribunal Superior Electoral, que el magistrado Marcos Cruz García, Juez Suplente en funciones de Presidente, mantiene en zozobra a todos los funcionarios y colaboradores del referido órgano del Estado; y que está despojando de sus funciones institucionales a varios funcionarios de la institución, entre ellos al Ing. Pedro Gil Iturbides, Director de Relaciones Internacionales; Rafael Vilchez Marranzini, Encargado de la Unidad de Acceso a la Información; a Yadira Oviedo, Encargada del Departamento de Protocolo, y a otros empleados.

Por otra parte, se ha filtrado un documento interno, según el cual el magistrado Marcos Cruz García, está haciendo un uso desmedido y desproporcionado de la tarjeta de crédito corporativa asignada para ser usada excepcionalmente y en caso de necesidad por el Presidente del Tribunal Superior Electoral, según el cual, sólo en el mes de febrero del año 2021, el mismo consumió casi un millón de pesos en cuatro (4) días, copia de la cual llegó a manos de este redactor, donde se comprueba que en fecha once (11) de febrero del año 2021 hizo un pago de setecientos un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos (RD$701,475.46); en fecha quince (15) de febrero del año 2021, se hizo un consumo de ciento diecisiete  mil ciento treinta y cuatro pesos con setenta y dos centavos (RD$117,134.72); en fecha quince (15) de febrero del año 2021, se hizo otro consumo de cuatro mil setenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos (RD$4,079.83); el día diecinueve (19) del mes de febrero del año 2021 se hizo otro pago por la suma de mil ochocientos pesos (RD$1,800.00), todo lo cual asciende a un total de ochocientos veinte y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos con un centavo (RD$824,490.01).

Los miembros del Pleno del Tribunal Superior Electoral, al enterarse de esa situación irregular, fuera de lo común, y que podría implicar una presunta malversación de fondos públicos, reaccionaron de inmediato, y de forma conjunta los cuatro (4) integrantes de la máxima autoridad administrativa del referido órgano colegiado, señores:  Rafaelina Peralta Arias, Cristian Perdomo Hernández, Ramón Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo, Jueces Titulares del Tribunal Superior Electoral, en fecha 19 de abril del 2021, les dirigieron una comunicación al magistrado Juez Suplente Marcos Cruz García, copia de la cual obtuvo este medio, mediante la cual les solicitaron con carácter de urgencia, incluir varios puntos en la agenda administrativa ordinaria del Pleno del TSE, que tendría lugar al otro día, es decir, el 30 de abril del año 2021. El magistrado Suplente en funciones de Presidente hizo caso omiso a dicho pedimento, y no obtemperó a los requerimientos hechos por los magistrados Jueces Titulares del Tribunal, a pesar de que la Ley y el Reglamento Orgánico lo obligan a poner esos puntos en agenda, decidió arbitrariamente no someter el tema a debate bajo el alegato de que los asuntos administrativos son de su exclusiva competencia y que no tiene que rendirle cuenta a nadie.

Entre los requerimientos que les hicieron los Jueces Titulares del TSE, al Suplente en funciones de Presidente para que sean puestos en la agenda para que sean tratados en la referida sesión, con el objetivo de rescatar o restablecer las atribuciones en materia administrativa que les conceden  la Constitución, las Leyes y los Reglamentos al Pleno del referido Órgano Electoral y que están contenidas en la comunicación citada en el párrafo anterior, se encuentran los temas siguientes:

1) Tratar lo relativo a la autoridad del Pleno en materia administrativa;

2) Decidir sobre las atribuciones de la autoridad competente para coordinar las misiones internacionales en representación de este Órgano Superior;

3) Tratar lo relativo a la erogación de fondos, no importa su naturaleza, tales como viajes al extranjero, asuntos educativos, remodelaciones, entre otros;

4) Asuntos disciplinarios: funcionarios y empleados;

5) Restitución de las atribuciones del Director de la Dirección de Relaciones Internaciones y Cooperación, conforme a lo dispuesto por los artículos 74 y 75 del Reglamento Orgánico de esta jurisdicción;

6) Restablecimiento del mantenimiento de los vehículos de motor asignados a los Jueces Miembros de esta alta corte y los de más reciente adquisición, en el taller concesionario;

7) Restablecer el suministro de agua al personal militar y de los despachos de los magistrados Jueces Titulares;

8) Rendición de informe sobre el manejo de todas las “cajas chicas” de la institución;

9) Suministro de informe a la Dirección Administrativa, sobre el manejo de la tarjeta de crédito corporativa de este órgano constitucional.

Fuente: https://elsoldelasamericas.com