La procuradora general Miriam Germán Brito y el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina.-
Por: Wanda Méndez
Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.-La alta población de pre­sos preventivos, que ge­neralmente ha supera­do el 60 por ciento de los privados de libertad, ha sido una de las princi­pales causas del hacina­miento que ha imperado en el sistema penitencia­rio dominicano.

Esta problemática ha motivado a las autorida­des del Poder Judicial y del Ministerio Público a diseñar estrategias para reducir la cantidad de reos preventivos y desconges­tionar los recintos.

Ahora forma parte de la agenda de trabajo de la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien lleva 17 días en el cargo, y del presidente de la Suprema Corte de Jus­ticia (SCJ), Luis Henry Molina, con poco más de un año al frente del Po­der Judicial.

En una primera re­unión que sostuvieron ayer las autoridades de la Procuraduría y de la SCJ, acordaron poner en mar­cha un plan de trabajo para solucionar la situación de los miles de dominicanos que se encuentran en pri­sión preventiva, debido a que todavía no se les ha co­nocido un juicio que deter­mine su culpabilidad o su inocencia.

En un comunicado de la dirección de comunica­ciones de la SCJ, se infor­mó que en la reunión se planteó la posibilidad de un plan de trabajo para for­mular una solución conjun­ta desde el Poder Judicial y la Procuraduría, que pueda incluir a la Defensa Públi­ca y a los demás actores del sistema.

Uno de los proyectos más ambiciosos puesto en marcha para disminuir la cantidad de presos preven­tivos inició en mayo del 2018, el cual consistió en la instalación en una prime­ra fase de tribunales móvi­les en los recintos más po­blados, La Victoria, en el municipio Santo Domin­go Norte, y Najayo, en San Cristóbal, como parte de un plan piloto que se extende­ría a otras jurisdicciones.

En 11 meses, en esos tri­bunales fueron conocidos 1,500 procesos judiciales a privados de libertad en con­dición preventiva, según re­señó LISTÍN DIARIO en ju­nio del 2019.

Este programa fue reali­zado durante la gestión en la SCJ de Mariano Germán Mejía y en la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez. En el acto de lanzamiento, el entonces presidente de la SCJ anunció que se ex­tendería en una segunda fase a los distritos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

Mientras, el procura­dor destacó que la iniciati­va surgió por la existencia de más de 26,500 privados de libertad en los 41 recin­tos penitenciarios del país, 16,844 en calidad preventi­va, equivalente al 63.4%.

Requisitos
Entre los requisitos estable­cidos para el conocimiento de los casos en esos tribu­nales móviles figuraba que ya el ministerio público ha­ya presentado acusación contra los imputados, que la víctima sea el Estado do­minicano y que el imputa­do esté representado por un defensor público.

Resolución
El establecimiento de tribu­nales móviles fue dispues­to por el Consejo del Poder Judicial mediante la resolu­ción 5/2018, del 19 de fe­brero del 2018, con el pro­pósito de descongestionar los recintos carcelarios.

Fuente: Listín Diario