Ante la intención de introducir relaciones homosexuales como política institucional en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Ramón Leonardo, fiel guardián de la Constitución, de la moral pública y de los principios que sostienen la República Dominicana, manifiesta con firmeza su rechazo a cualquier intento de la Corte Constitucional o de cualquier órgano del Estado de imponer modelos de conducta contrarios a la naturaleza, a la identidad nacional y al orden constitucional vigente.
La Constitución es clara y no admite reinterpretaciones ideológicas, el artículo 6 establece que todas las autoridades están sometidas a la Constitución.
Ninguna corte, por más alta que sea, puede crear valores nuevos, desnaturalizar instituciones, ni forzar al país a aceptar políticas ajenas a nuestro marco moral y jurídico.
El artículo 55 reconoce a la familia como institución natural formada entre un hombre y una mujer.
Esto no es un detalle menor: es la base moral y cultural de la sociedad dominicana.
Convertir las Fuerzas Armadas o la Policía en escenarios de experimentación sexual o ideológica es una violación directa a esta estructura constitucional.
Las Fuerzas Armadas no son plataformas para agendas ajenas al pueblo.
Los artículos 252, 253 y 254 de la Constitución establecen el carácter de nuestras instituciones militares: obedientes, no deliberantes, apolíticas, regidas por disciplina, subordinación y cohesión interna.
Cualquier comportamiento, relación íntima o vínculo emocional dentro de la institución —sea heterosexual u homosexual— que afecte: la jerarquía, la moral interna, la obediencia, el clima operacional, o la integridad del servicio, puede y debe ser regulado por razones de seguridad nacional.
Pero convertir en “política institucional” las relaciones homosexuales es una intrusión ilegal y una ruptura directa con los principios militares que sostienen la nación. Esto es ingeniería social, no justicia constitucional.
El pueblo dominicano no ha pedido esta reforma, no figura en ninguna ley, no existe mandato constitucional, no es una exigencia operativa, no mejora el servicio y no fortalece la seguridad del país.
Es, por el contrario: una imposición ideológica ajena a nuestra identidad nacional, un intento de fragilizar la disciplina militar, un golpe directo a la moral interna de nuestras fuerzas del orden, una puerta abierta para la ideología de género dentro de las instituciones más sensibles del Estado.
Y todo esto sin consultar al único soberano: el pueblo dominicano. Las cortes no están por encima de la nación.
Advertimos con absoluta claridad: Una corte que se atribuye el poder de modificar la moral pública sin base legal, está desnaturalizando su propia función y violando el principio constitucional de separación de poderes.
El rol de la corte es interpretar, no legislar; es defender, no transformar la Constitución.
Cualquier decisión que pretenda imponer políticas sexuales dentro de la Policía o el Ejército será enfrentada desde la ciudadanía, desde el patriotismo y desde el derecho.
El pueblo dominicano defiende su moral, su identidad y sus instituciones. La República Dominicana ha defendido por más de 180 años: la soberanía, la familia natural, la moral pública, la disciplina militar, la dignidad institucional, y el orden constitucional.
No permitiremos que agendas internacionales, disfrazadas de “derechos”, desbaraten las bases morales del país, ni que utilicen nuestras instituciones armadas como trampolín para imponer valores que la Constitución no reconoce y el pueblo no acepta
En nombre de la patria, afirmo:
- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ser transformadas en plataformas para agendas ideológicas.
- La Constitución no autoriza imponer relaciones homosexuales como política institucional.
- Las cortes están obligadas a respetar el orden moral y jurídico del país.
- El pueblo dominicano defenderá su soberanía moral con la misma determinación con la que defendió su libertad.
No permitiremos que se vulnere la identidad nacional, no permitiremos que se juegue con la moral de la República, y no permitiremos que se debiliten nuestros cuerpos armados.
La patria no se rinde, el pueblo no se arrodilla, y la Constitución no se negocia.