En plena espiral represiva, Bogotá, La Paz, Quito y Santiago denuncian en las protestas una mano negra bolivariana

Entre los escombros del calcinado edificio de la Contraloría General en Quito, se esconde quizás las respuesta a dos preguntas sobre las teorías de conspiración que se repiten en toda la región latinoamericana en estos momentos de venganza política y violencia.

¿Existe un plan urdido por Caracas y La Habana para desestabilizar a los gobiernos aliados con Washington? ¿O estos mismos gobiernos están utilizando los temores a un complot “comunista” para justificar atentados contra su propio Estado de derecho?

Cuando las protestas paralizaron la ciudad de Quito en octubre, el presidente Lenin Moreno denunció una conspiración urdida con la ayuda de Venezuela con el fin de abrir el camino a la vuelta del expresidente de izquierdas Rafael Correa, que está amenazado judicialmente en Ecuador y reside actualmente en Bruselas.

En una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Quito en octubre Moreno advirtió sobre la presencia en las protestas de “grupos armados infiltrados”. Los indígenas que encabezaron las manifestaciones contra el ajuste del FMI “fueron instrumentalizados por Correa”, dijo Moreno, que dejó entrever que el plan fue diseñado durante una visita del expresidente a Caracas unas semanas antes. El edificio de la Contraloría –la fiscalía general–, ocupado y quemado por un grupo de encapuchados, se cita en los medios oficiales como prueba de la conspiración.

Entre los escombros del calcinado edificio de la Contraloría General en Quito, se esconde quizás las respuesta a dos preguntas sobre las teorías de conspiración que se repiten en toda la región latinoamericana en estos momentos de venganza política y violencia.

¿Existe un plan urdido por Caracas y La Habana para desestabilizar a los gobiernos aliados con Washington? ¿O estos mismos gobiernos están utilizando los temores a un complot “comunista” para justificar atentados contra su propio Estado de derecho?

Cuando las protestas paralizaron la ciudad de Quito en octubre, el presidente Lenin Moreno denunció una conspiración urdida con la ayuda de Venezuela con el fin de abrir el camino a la vuelta del expresidente de izquierdas Rafael Correa, que está amenazado judicialmente en Ecuador y reside actualmente en Bruselas.

En una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Quito en octubre Moreno advirtió sobre la presencia en las protestas de “grupos armados infiltrados”. Los indígenas que encabezaron las manifestaciones contra el ajuste del FMI “fueron instrumentalizados por Correa”, dijo Moreno, que dejó entrever que el plan fue diseñado durante una visita del expresidente a Caracas unas semanas antes. El edificio de la Contraloría –la fiscalía general–, ocupado y quemado por un grupo de encapuchados, se cita en los medios oficiales como prueba de la conspiración.

Represalias

Tanto Colombia como Bolivia han expulsado a venezolanos y cubanos del país

Cuando el estallido social se trasladó a Santiago de Chile unas semanas después, el presidente Sebastián Piñera utilizó el mismo argumento al denunciar que subversivos extranjeros libraban una “guerra implacable” contra la democracia chilena. Tras la salida de más de un millón de chilenos a las calles, Piñera tuvo que retirar el discurso sobre los “infiltrados” extranjeros. Pero otros líderes conservadores y muchos medios de comunicación lo mantienen.

Mientras, en Bolivia, las acusaciones contra los agents provocateurs bolivarianos son el pan de cada día del discurso oficial. Cuando miles de indígenas leales a Evo Morales protestaron contra lo que consideran un golpe de Estado, el Gobierno interino de Jeanine Añez denunció a provocadores y expulsó a todos los diplomáticos venezolanos y cubanos, así como a decenas de médicos acusados de financiar las manifestaciones. “No podíamos quedarnos indiferentes ante la ostensible injerencia de Venezuela (…) en los actos desestabilizadores”, ha dicho la canciller Karen Longaric en una entrevista con la agencia France Presse.

Chile

Piñera ha dejado de hablar de “infiltrados” extranjeros, pero no quienes le apoyan

En Colombia, el Gobierno conservador de Iván Duque se apuntó a la teoría de que hay una mano negra bolivariana detrás de las protestas. La escala gigantesca de las últimas movilizaciones ha forzado un cambio del discurso como en Chile. Pero 59 venezolanos fueron expulsados de Colombia la semana pasada supuestamente por incitar las protestas.

Por si hiciera falta un respaldo de Washington, Luis Almagro, el polémico secretario general de la OEA, cuya denuncia de fraude electoral en Bolivia desencadenó la renuncia forzada de Morales, achacó “las actuales corrientes de desestabilización (…), violencia y criminalidad” en América Latina a “la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana”. En este regreso al lenguaje de la guerra fría, hasta se sugiere que la desestabilización se planificó en las conferencias progresistas de este año en el Foro de Sao Paulo (Brasil) y el Grupo de Puebla (México).

Sin embargo, hay motivos para pensar que el ataque contra el Estado de derecho en estos países no viene de Venezuela, sino de los propios gobiernos que la denuncian. Tanto en Quito como La Paz hay indicios de una caza de brujas contra los colaboradores de sus respectivos expresidentes, amenazados con acciones judiciales si regresan al país.

Acusados de rebelión

Políticos ecuatorianos de la oposición han sido detenidos por instigar a las protestas

Así mismo la violenta represión policial y militar –con 22 muertos en Chile, 32 en Bolivia y 8 en Ecuador– ha sido calificada como desproporcionado por grupos de defensa de derechos humanos. En Chile más de 2.000 manifestantes y policías han resultado heridos, con más de 100 lesiones oculares por el disparo a bocajarro de balas de goma y perdigones. En Ecuador, 1.340 manifestantes resultaron heridos, un “alto coste humano”, según la ONU. Casi 20.000 personas han sido detenidas en las protestas: unas 17.000 en Chile, 1.400 en Ecuador , 600 en Bolivia y 169 en Colombia.

En Bolivia, el nuevo Gobierno, sin tener ningún mandato electoral, eximió de responsabilidad penal a los policías y militares antidisturbios aunque luego retiró el decreto, ilegal según la ONU. Añez se ha negado abrir una investigación independiente sobre la muerte a tiros de campesinos partidarios de Evo Morales.

Casi todos los medios de comunicación tanto en Bolivia como Ecuador defienden las medidas contra Morales y Correa. “Todo lo que ves en la televisión es mentira”, afirmó el delegado indígena de Cotopaxi, a 100 kilómetros de Quito, una zona de invernaderos cuyos jornaleros acudieron masivamente a las protestas.

En Brasil, el Gobierno autoritario del presidente ultraconservador Jair Bolsonaro ha advertido que adoptará medidas draconianas si se producen protestas violentas. Eduardo Bolsonaro, su hijo, y el superministro de Economía, Paulo Guedes, amenazaron con reestablecer una medida utilizada por el régimen dictatorial en 1968 para reprimir las protestas. El hijo de Bolsonaro, ha dicho que “sería una ingenuidad pensar que (las protestas en América Latina) no san sido diseñadas”.

La crisis del Estado de derecho en Ecuador puede ser las más preocupante. Desde las protestas de octubre se han detenido a decenas de cargos del partido de Correa acusados de rebelión. Una es Paola Pabón, la prefecta de la provincia de Pichincha (La Paz y alrededores), desde mediados de octubre en una cárcel de máxima seguridad.

Represión

El nuevo Gobierno boliviano se niega a investigar la muerte de manifestantes

Al igual que con Morales y su partido en Bolivia, el supuesto delito parece ser el mero hecho de apoyar las protestas. La ministra de Interior de Moreno citó como prueba contra Pabón un tuit en que escribió: “Debe salir todo el barrio al paro y pedir la destitución del presidente”. A cuatro otros opositores, entre ellos la exalcaldesa del municipio de Durán, les pasó lo mismo. Siete otros destacados opositores buscaron protección en la embajada mexicana en Quito tras ser avisados de su detención inminente.

Esto pese a que, según una encuesta de Click Report a mediados de octubre, el 68,5% de los ecuatorianos apoyaban las protestas, dato respaldado por las entrevistas realizadas por este diario en las calles de Quito. Con excepciones –normalmente propietarios de comercios–, la gente rechazaba la idea de que las protestas fueron instigadas por Correa o fuerzas extranjeras.

Ya existía antes de las protestas claras señales de la judicialización de la política en Ecuador, como en Brasil. El exvicepresidente Jorge Glas está en la cárcel acusado de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Otros han sido juzgados por el simple hecho de haber estado en el gobierno anterior, un dato sorprendente puesto que el mismo Moreno fue vicepresidente de Correa y sólo ganó las elecciones del 2017 gracias a su aval. “Es una persecución y es difícil afrontar los gastos de abogados”, se lamentó en una entrevista con La Vanguardia Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas de Correa que ha sido acusado de un presunto delito de “endeudar al Estado”.

En cuanto a las ruinas de la incendiada Contraloría, otra teoría de la conspiración recorre Quito: lo hizo el propio Estado. “Tienes que preguntarte: ¿a quién benefició quemar este edificio? ¿A Correa o al Gobierno?”, planteó el ex ministro Herrera.

Fuente: La Vanguardia