Por Paola Bruno

Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- El presidente Luis Abinader ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de destituir un funcionario o remenear la mata en el tren gubernamental, tras el surgimiento de escándalos que afectan la imagen y gestión de su Gobierno.

Son muchos los funcionarios destituidos en apenas un año y dos meses y medio de gestión.

La más reciente destitución fue la de la gobernadora de Samaná, Elsa de León, mejor conocida como “La Tiburona”, luego de que revelara públicamente de que estaría en disposición de hacer una fiesta cuando se produjera una eventual muerte de un individuo sin haberse vacunado contra el Covid-19.

“Yo soy de las que digo que por cada muerto de ahora en adelante, de COVID, que no se haya vacunado voy a hacer una fiesta”, dijo la gobernadora en un video que se publicó en las redes sociales.

Previo a la destitución de la gobernadora, se dio a conocer la remoción del director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, luego de diversos acontecimientos que mancharon su gestión como el incremento de la criminalidad, el involucramiento de varios agentes de la uniformada en cuestionados asesinatos en los que se derramó sangre de civiles.

Fue sustituido por Eduardo Albert Then, quien llega con una imagen de un hombre de fuerte carácter, que le encantan perseguir y someter a los antisociales a la obediencia.

El 11 de octubre, Abinader destituyó a la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez (Conani), Paula Disla, contenida en el decreto 623-21, quien fue nombrada en esta entidad el 27 de agosto del 2020.

Posteriormente, fue designada viceministra de relaciones internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

El 6 de septiembre, la directora de Comunicaciones de la Presidencia y vocera, Milagros Germán, fue removida de su cargo y designada como la nueva ministra de Cultura, en sustitución de Carmen Heredia, quien pasó a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales.

El 20 de agosto, el Poder Ejecutivo emitió el decreto en el que se destituyó del cargo al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusado de agresión sexual.

Antes de su destitución, en enero de este año, Faña solicitó una licencia para enfrentar la denuncia en su contra de la supuesta agresión sexual, interpuesta por una exfuncionaria de la misma institución que dirigía.

También fue destituido Julio Antonio De La Cruz Nolasco, titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Dgecac), quien pesaba una denuncia por supuestas irregularidades en la entidad, entre ellas, sobrevaluaciones en compras, así como contrataciones, adjudicaciones fantasmas y nepotismo.

En el mes de julio de este año, fue destituido de su cargo el escritor Fernando Alberto Berroa Aquino, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de la Feria del Libro del Ministerio de Cultura, según el decreto 431-21.

En junio le tocó el turno al entonces administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, contra el cual se destapó un escándalo de corrupción y estaba siendo acusado de estafar a bancas de lotería por un valor de 500 millones de pesos.

A principios de mayo fue destituido como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, sin embargo, en abril, este había puesto su cargo a disposición del presidente, luego de ser mencionado en un entramado de corrupción militar en la Operación Coral.

El  13 de mayo, el presidente Luis Abinader destituyó a Claudio Alberto Brito Gómez, viceministro del Ministerio de Salud Pública. Su remoción del cargo está contenida en el artículo 1 del decreto 279-21.

El 20 de este mismo mes fue destituido del cargo de gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del  Este (EDEESTE), a Tomás Ozuna Tapia. Sobre Ozuna pesaba la queja de que en esta Ede, se estaban registrando mayores pérdidas, desde que Abinader asumiera el control del Estado.

El 26 de febrero, se da la derogación del artículo 11 del decreto 324-20 que nombró a Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, luego de un escándalo de sobrevaluación de jeringuillas, en una licitación de este ministerio.

Fuente: n.com.do