NUEVA YORK – La Fundación de Defensa a la Comunidad Dominicana en Norteamérica y el Exterior (FDDNE), fundada y presidida por el diputado del PLD en ultramar Alfredo Rodríguez y dirigida en Estados Unidos y Canadá por la activista Laura Fernández, anunció el domingo que someterá ante el Tribunal Constitucional (TC), un recurso de inconstitucionalidad contra la Junta Central Electoral (JCE), por la violación de los derechos civiles y constitucionales de los dominicanos residentes en el exterior.

En una conferencia de prensa, realizada en el restaurante lounge 809 en el Alto Manhattan, encabezada por Rodríguez, Fernández, el activista Roberto Lizardo y como querellantes los ex-policías dominicanos en Estados Unidos, Juan Espinal y Jeffrey Pérez, el diputado dijo que el recurso dijo que el recurso será sometido por los abogados que representa la FDDNE, ante el tribunal en los próximos días y todos los costos legales, serán cubiertos por la entidad.

Rodríguez, señaló que, como representante legislativo de casi dos millones de dominicanos en ultramar, apoya la iniciativa de la fundación, llamando a las comunidades criollas afectadas por medidas como las de no realizar primarias a las diputaciones en el exterior a movilizarse contra el tribunal de elecciones.

“La junta ha actuado de manera inconstitucional al prohibir la celebración de primarias en el exterior para elegir los candidatos a diputados, alegando que no es posible debido al alto costo y logística que implican, medidas estas que son antidemocráticas y que vulneran los derechos políticos de los dominicanos en ultramar”, dijo el diputado.

“La junta está violando el derecho de elegir sus candidatos a la presidencia y al Congreso nacional, derecho consagrado en la constitución. Los numerales 5 y 6 del artículo 110 de la ley orgánica del régimen electoral 15-19, prohíbe el derecho al voto en el exterior a los dominicanos que han aceptado en el extranjero funciones en los gobiernos de los países en los cuales residen y a los que hayan ingresado a fuerzas militares y policiales de esos países extranjeros”, recordó Rodríguez.

“Estos preceptos de la ley son ambiguos y podrían afectar a cualquier dominicano que trabaje en una institución pública a nivel municipal, estatal o federal”, expresó el diputado peledeísta.

“De igual modo, en cuanto al servicio militar, no esclarece si es aplicable solo a miembros activos o es incluyente de los que sirvieron a fuerzas militares en el pasado”, añadió Rodríguez.

Dijo que ambas disposiciones están coartando el voto, suprimiéndole el derecho a elegir a los candidatos presidenciales y a diputados del exterior, además de que con las disposiciones en el artículo 110 se invalida a un importante grupo de dominicanos habilitados para votar como lo han hecho en procesos anteriores.

“Recurriremos al TC porque su misión es garantizar la supremacía de la constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, para que se declare inconstitucional las disposiciones de la JCE, por considerar que son erráticas y equivocadas, ya que el artículo 211 de la Carta Magna, define la función del organismo electoral, diciendo que las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la JCE, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, añade el diputado de ultramar.

Sostiene que no celebrar primarias en el exterior es discriminatorio por parte de la JCE, ya que su responsabilidad es tutelar la democracia interna de los partidos políticos, contrario a la propia ley 33-18, que está motivada en su considerando quinto, en la necesidad de crear un marco legal que garantice y afiance la democracia interna.

“Los magistrados electorales, están poniendo a los criollos en el exterior por debajo de sus compatriotas en la República Dominicana, en un nivel por debajo de ni siquiera segunda categoría, tratándolos como ciudadanos de tercera, sino como extranjeros”, criticó Rodríguez.

Dijo que la JCE manejará este año preelectoral fondos del estado por $8.185 millones de pesos.

Fernández, advirtió que la fundación no tiene ningún temor de que se usen tácticas dilatorias para tratar de retrasar la solución del problema.

“Es un atropello lo que la junta está cometiendo contra la comunidad dominicana en el exterior”, añadió.

Explicó que la fundación tiene beligerancia legal como representante legítima de la diáspora y entidad registrada en Estados Unidos, para someter el recurso ante el TC.

“Nuestra fundación es en defensa del dominicano en el exterior, y como esto es un atropello a la diáspora, nosotros estamos costeando todo el gasto legal”, añadió.

“Es totalmente ilegal e inconstitucional, lo que significa que no está en la constitución y consideramos que esto es algo necesario para proteger al dominicano en el exterior”, dijo Fernández.

Explicaron que el recurso ya está listo y será sometido la semana que viene.

“Estamos dispuestos a lo que sea para defender al dominicano en el exterior, esto no tiene que ver con partidos, nadie nos va a frenar y nosotros no tenemos miedo”, dijo Fernández.

Por su parte, Lizardo, quien abrió la conferencia, dijo que la lucha se trata de reclamar el derecho conculcado a miles de dominicanos en el exterior.

“Agradecemos la iniciativa del diputado Alfredo Rodríguez, por defender y reclamar el derecho que tenemos, que día a día, contribuimos al engrandecimiento del país”, añadió.

Lizardo, señaló que no es justo que, teniendo una cédula, se quiera arrebatar el derecho constitucional a ejercer el sufragio. “Nos encontramos en Estados Unidos, pero somos dominicanos y diariamente apoyamos y engrandecemos nuestro país. No representamos a ningún partido político, sino a todos los dominicanos de la diáspora, cuyos derechos están siendo violados al igual que la constitución”, señaló.

Fuente: Miguel Cruz Tejada