Expresó que urge reposicionar el tema y dejar de seguir ignorándolo por lo que solicitó a las más altas autoridades del país declara la Salud Mental de alta prioridad nacional

Al conmemorarse este 10 de octubre el Día Internacional de la Salud Mental, la Fundación en Apoyo a las Personas con Enfermedad Mental y la Red de Familiares y Amigos, Fundapem, de las personas con enfermedad mental, hacen un llamado a las autoridades de los distintos poderes del Estado, a los líderes religiosos y comunitarios, a los profesionales y a la población en general para reflexionar sobre el sitio que debe ocupar la Salud Mental en la agenda nacional.

El siquiatra José Mieses Michel, presidente de la fundación, sostuvo que las autoridades deben escuchar a los familiares de las personas con alguna enfermedad mental deben ser escuchadas y más ahora que el tema se ha situado en el centro de interés.

“El estrés, el miedo, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre generados por esta nueva y desafiante situación, con sus secuelas de ansiedad, depresión y duelo, entre otras, obliga a repensar el grado de importancia que debe tener la salud mental en el sistema de salud”, indicó.

Expresó que urge reposicionar el tema y dejar de seguir ignorándolo por lo que solicitó a las más altas autoridades del país declara la Salud Mental de alta prioridad nacional, que asignen recursos y se concreten políticas públicas, claras y coherentes, dirigidas a garantizar el bienestar psicológico y emocional de la población.

“Estas políticas deben establecer como prioridad proteger y respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y sanitarios de las personas con enfermedad mental.  El grupo más vulnerable entre todos, el conformado por las personas con enfermedad mental grave asociada a discapacidad psicosocial, debe recibir una atención preferencial”, agregó.

Apuntó que garantizar este derecho está constituido en la Carta Magna en el artículo 58 sobre las personas con discapacidad que dice que “el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”.

Fuente: acento.com.do