Por Olympus Digital – 1 de marzo, 2026
Santo Domingo (D.N.), República Dominicana. La situación ambiental en Cotuí y sus zonas aledañas ha dejado de ser una preocupación local para convertirse en uno de los nudos gordianos más complejos del país. Los datos científicos son hoy irrefutables: las mediciones de laboratorio confirman la presencia de contaminantes, metales pesados y una carga de materiales que superan cualquier estándar de seguridad. Sin embargo, frente a la claridad de las pruebas, persiste una penumbra inaceptable: la ausencia de responsables y la falta de sanciones.
Una Responsabilidad Compartida y un Estado Ausente
El caos que se percibe en la zona no tiene un solo autor, sino que es el resultado de una convergencia de presiones económicas y humanas que han operado, durante décadas, bajo una vigilancia insuficiente:
- La Actividad Minera: Con el desafío crítico de sus presas de colas y la gestión de residuos químicos que mantienen en vilo la seguridad hídrica de la región.
- El Sector Agrícola: Motor vital de nuestra economía, pero que en la cuenca del Yuna aporta una carga constante de agroquímicos y pesticidas que alteran la biología de nuestras aguas.
- La Ganadería e Industria Local: Cuyo manejo de desechos y vertidos a menudo ignora las normativas ambientales básicas.
- La Presión Antrópica: El crecimiento poblacional sin sistemas de saneamiento adecuados, que convierte nuestros ríos en receptores de carga orgánica desmedida.
El Dilema de Hatillo: Limpiar el Síntoma, Ignorar la Enfermedad
Recientemente, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) anunció la adjudicación a tres empresas para los trabajos de adecuación ambiental y la remoción de 1,330,694 metros cúbicos de sedimentos en la cola del embalse de la Presa de Hatillo.
Si bien la medida es técnicamente necesaria para recuperar la capacidad de la presa, abre una interrogante moral y jurídica devastadora: ¿Quién paga los daños?
Mientras el Estado dominicano destina fondos públicos para contratar empresas que retiren el lodo y la contaminación acumulada, los verdaderos causantes de esa sedimentación acelerada y de la carga química del embalse permanecen en el anonimato legal. Estamos ante un escenario donde el pueblo paga por la limpieza de un desastre que otros generaron para obtener beneficios privados. La extracción de sedimentos es, en el fondo, una factura que la naturaleza y el erario público están pagando por la falta de un régimen de consecuencias.
El Laberinto de la Impunidad Técnica
Contamos con el diagnóstico médico del ecosistema, pero no con la receta de la justicia. ¿De qué sirve que las instituciones o la sociedad civil inviertan en monitoreos y análisis si el resultado final es el silencio administrativo?
La falta de un régimen de consecuencias efectivo transforma la ley ambiental en un simple catálogo de buenas intenciones. Cuando se identifican niveles alarmantes de contaminación pero no se señala al responsable —ya sea una gran corporación, un gremio productivo o una gestión municipal deficiente—, el Estado se convierte en cómplice por omisión.
Conclusión: La Sostenibilidad exige Consecuencias
Cotuí es hoy el espejo de una deuda institucional. El desarrollo del país no puede sostenerse sobre la degradación silenciosa de sus recursos más finitos. La agricultura, la minería y la industria deben coexistir, pero bajo un arbitraje estatal que no le tiemble el pulso para sancionar.
Sin nombres propios detrás de los daños y sin sanciones que reparen lo afectado, seguiremos documentando el desastre mientras el agua se nos escapa entre las manos. Es hora de que el rigor de la ciencia se traduzca, finalmente, en el rigor de la ley. La confianza ciudadana no se recupera con informes ni con licitaciones de limpieza; se recupera con justicia.