Por Liza Collado
El gobierno dominicano a principios de la gestión del año 2007, logró finalizar el proceso de reforma legal e institucional de la Administración Financiera del Estado destinada a mejorar la eficiencia, transparencia y responsabilidad de la gestión pública e impulsar la rendición de cuentas, promulgando las leyes: Ley 126-01 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; Ley 567-05 de Tesorería Nacional; las 340-06 y 449-06 de Contrataciones Públicas; la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Publico; Ley 494-06 de Organización del Ministerio de Hacienda; Ley 498-06 de Planificación e inversión pública; Ley 5-07 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; Ley 6-06 de Crédito Publico y la Ley 10-07 de la Contraloría General de la Republica y Control Interno.
Este marco legal no solo unifica en el Ministerio de Hacienda la formulación y ejecución de la política fiscal, sino que también determina el diseño e implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE), compuesto por los sistemas de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad Gubernamental, relacionados con los sistemas de Planificación e Inversión Pública, Gestión financiera de Recursos Humanos, Administración Tributaria, Compras y Contrataciones, Administración de Bienes Nacionales y Control Interno.
Sin embargo, a pesar de que los cambios introducidos en la Administración Financiera han sido profundos y se orientan a lograr un sistema de gestión de las finanzas públicas que asegure una ejecución del gasto público efectiva, eficaz, transparente, casi trece años después de la promulgación de la Ley 423-06, aún hay numerosos aspectos de su contenido que están pendientes a reglamentar e implementar.
La norma vigente contiene un conjunto de mandatos relacionados con la presupuestación plurianual, la presupuestación por resultados, los mecanismos de seguimiento y evaluación del control presupuestario, entre otros, que no se han reglamentado e implementado apropiadamente.
En cada uno de los niveles del gobierno existen diferentes limitantes en los procesos del Sistema Presupuestario, algunos sustentados en vacíos legales (porque es necesaria la actualización de la normativa presupuestaria) y otras por falta de seguimiento a este proceso. De lo que se trata, es de ver fortalecidas las capacidades del órgano rector, lo que incluye la evaluación y sistematización de los registros presupuestarios a nivel de las Empresas Públicas y los Gobiernos Locales, a fin de poder consolidar física y financieramente esta información logrando tener una visión de conjunto sobre el desempeño de las finanzas públicas.
Indudablemente que en los últimos años hemos avanzado, el país ha logrado la formulación del presupuesto consolidado para el sector público no financiero en 2018, la armonización de las estructuras programáticas institucionales, la implementación del presupuesto ciudadano y para este año, se dio un paso de avance con la implementación del presupuesto por resultados, en cambio, hay muchos otros aspectos de relevante importancia que deberán ser atendidos para lograr de forma eficiente las metas, logrando así que la eficientización de los recursos públicos se traduzca en bienestar colectivo para todos los dominicanos y dominicanas.