Héctor Linares
Ya parece insostenible mantener un Presupuesto General del Estado estructurado con tan elevada dependencia del endeudamiento.
Santo Domingo (D.N.), Republica Dominicana.- Para huir de la opción de crear impuestos, los gobiernos del actual y anterior período se han refugiado en el endeudamiento para financiar el Presupuesto General del Estado. Pero pagar el creciente costo del servicio de la deuda sugiere que necesariamente habrá que aprobar o aumentar los tributos.
Con una presión tributaria más baja en alrededor de dos puntos porcentuales a la que había en el país en el 2007, que era de 16.6 %, el escenario de las finanzas públicas no parece muy holgado.
En junio del 2017 el Banco Mundial realizó el estudio “Hacia un sistema tributario más eficiente”, en el cual hizo una radiografía de la situación impositiva dominicana, que detalla las principales debilidades y la necesidad de aplicar correctivos.
Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente informe de evaluación a la República Dominicana basado en el artículo IV del convenio constitutivo, sugirió que la consolidación fiscal que requiere el país “debería apoyarse en reformas tributarias” entre otras opciones.
La última gran incursión al sistema tributario que se hizo en el país fue la nacida con la Ley 253-12, de Reforma Fiscal para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible”. Fue promulgada en noviembre del 2012 y su aplicación comenzó el 1 de enero del 2013.
Los postulados conceptuales de esa ley, al menos el de la sostenibilidad fiscal, no se cumplieron. Tampoco el alcance original. La propuesta fue modificada desde el nivel de borrador y luego suspendida parcialmente cuando fue promulgada la ley, para dejar flotantes algunos impuestos, que una década después continúan sin ser aplicados.
Ante la insuficiencia de la tributación interna para satisfacer crecientes demandas de recursos en todas las propuestas presupuestarias que se han presentado, a partir del 2017, cuando se suponía que el país habría alcanzado una presión tributaria del 16 % del producto interno bruto (PIB) y caminaría hacia el 20 %, los gobiernos de los períodos 2016-2020 y 2020-2024 optaron por diseñar presupuestos deficitarios y cubrir los faltantes con endeudamiento público.
Pero los niveles en que ya impacta la deuda pública en el Presupuesto General del Estado, en los dos componentes esenciales, hacen insostenible mantener el modelo.
Por la parte del ingreso la deuda representa cerca del 30 %, en tanto que los intereses superan el 20 % de los gastos, proporciones que plantean un tema de insostenibilidad, que proyecta que el gobierno que se instale el 16 de agosto del 2024 tendrá que negociar una reforma fiscal o tributaria, pero una modificación al fin de la estructura impositiva.
La administración actual ha hecho ensayos impositivos, incluida la circulación de un borrador de reforma impositiva y también la presentación de algunos impuestos en situaciones de emergencia, como cuando presentó su primer presupuesto complementario en el 2020, que resultó ser el segundo de ese año, porque el Gobierno saliente ya había presentado el primero. Ninguno de los ensayos generó una propuesta final.
El Gobierno 2020-2024 ha continuado el modelo de su antecesor en cuanto a mantener en suspenso los impuestos flotantes de la Ley 253-12 y a continuar financiando los déficits fiscales con endeudamiento, tanto externo como interno.
Esos impuestos engavetados, como el que establece el pago a la circulación vehicular ( impuesto a la placa) con base en un 1 % del valor del vehículo, el Gobierno no los ha aplicado ni parece que proyecta derogarlos. También un monotributo de RD$12,000 anual por concepto de operación al comercio minorista. Son impuestos directos que ni el Gobierno que los propuso ni el sucesor han querido cobrar.
Ese suspenso impositivo lleva ya una década, y en cada una de las últimas propuestas de PGE el brazo fiscal del Gobierno no les quita la vista a los gravámenes que quedaron pendientes de la reforma fiscal aprobada por la Ley 253-12. Han pasado 10 años desde que entró en vigencia esa legislación, cuyo argumento de aprobación fue “el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible”.
En los proyectos de presupuesto general del Estado que el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso Nacional a partir del año 2014, ha pedido dispensa para no aplicar al menos tres figuras impositivas contempladas en la reforma fiscal aprobada mediante la Ley 253-12. Dos de esos tributos crean mucho ruido, por el tipo de contribuyentes a los que impactan.
No obstante las numerosas posposiciones, las autoridades fiscales siguen pensando en la aplicación de los impuestos dejados en pausa.
Mientras tanto, la opción deuda sigue haciendo presencia en los presupuestos. En el que se ejecuta ahora se aprobó originalmente un monto de RD$363,257.9 millones, equivalente al 29.11 por ciento del monto del PGE 2023 original.
En tanto, los ojos de los organismos multilaterales de financiamiento observan, y comentan, la situación fiscal de nuestro país.
En el último informe del FMI, los directores de ese organismo elogiaron el continuo esfuerzo de las autoridades dominicanas para implementar una sólida ley de responsabilidad fiscal que, junto con mejoras en la administración pública financiera, contribuirá a un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos, a anclar la política fiscal, y a mejorar el marco fiscal. Ellos convinieron que la “política fiscal debería seguir enfocada en colocar la deuda pública en una trayectoria firme hacia la baja”. Expresaron que “con el fin de aumentar los colchones fiscales y crear espacio para el muy necesario gasto social y de infraestructura, los directores recomendaron que la consolidación fiscal debería apoyarse en reformas tributarias, mejoras adicionales de la administración tributaria y la racionalización del gasto, en particular a través de la implementación del Pacto Eléctrico”.
Banco Mundial
Mientras que en el punto 3 de sus observaciones, el informe del Banc o Mundial planteó: “Los ingresos fiscales no han seguido el ritmo del crecimiento económico, y el esfuerzo de recaudación de la República Dominicana no obtuvo los mismos resultados que el de países comparables”
Expuso: “A pesar de la sólida trayectoria de crecimiento a largo plazo marcada por repetidos puntos de auge económico, el déficit consolidado del sector público se ha mantenido sin cambios, en un valor cercano al 4 % al 5 % del producto interno bruto (PIB). Entre 2004 y 2014 la recaudación de impuestos era, en promedio, del 13.4 % del PIB, es decir, inferior al promedio de América Latina y el Caribe, cuyos ingresos públicos totales promediaban el 14.3 %. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, para 2016 los ingresos totales habían llegado a solo el 14.6 % del PIB, un valor muy por debajo del máximo de 2007, de 16.6 %, y las tasas de varios países comparables de la región con un PIB per cápita inferior”.
El último dato oficial ofrecido sobre la presión tributaria la situaba en alrededor del 15.2 % del PIB.
Fuente: elcaribe.com.do