Por Liza Collado
El financiamiento de las campañas electorales cobra cada vez más relevancia en los países en donde impera la democracia, existen los sistemas de partidos, y es posible la alternancia en la administración del Estado.
En el presupuesto general de este año, la Junta Central Electoral tiene una asignación de 2 mil 100 millones para la administración de los procesos electorales. Tendrá a su cargo todo lo relativo al montaje y adquisición de equipos para las elecciones municipales de febrero del 2020, para esos fines y para el montaje de las primarias, de cinco partidos, que acudirán de manera simultánea el 6 de octubre del presente año.
Este órgano, les ha propuesto a los partidos aplicar el voto automatizado para las primarias como proyecto piloto, que servirá de base para iniciar esa modalidad en las elecciones municipales, donde se adoptará el voto preferencial para los regidores.
La Ley 33-18 establece que el gasto de las primarias lo cubren lo los partidos. En su artículo 47 señala lo siguiente: “El proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.
Evidentemente, no previó de forma clara una fuente real de financiación de las primarias, sino que estableció una definición amplia sobre la consignación de fondos, no obstante, los partidos deberán aportar el 40% de los recursos que reciben al año, lo que equivale a 120 millones cada uno de los mayoritarios (PLD, PRD y PRM) y 20 Alianza país.
Quedando definido que todos los aspirantes y precandidatos concurrentes a primarias y otras modalidades de escogencia de candidaturas, deberán someterse al régimen de tope de gastos establecidos en la Ley, realizando una declaración a través de la cual se identifique el origen de los recursos y forma de gasto de los mismos, confiamos en que se respeten las disposiciones de la proclama, ya que estas son aplicables a todos los aspirantes a optar por una precandidatura a un cargo de elección popular.
Los gastos de precampaña y el registro contable de éstos, son responsabilidad exclusiva de cada aspirante y la supervisión de este proceso estará a cargo de la Unidad Especializada de Control financiero de los partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la JCE, mediante el uso de una aplicación informática que estará disponible en su página web.
Confiamos en que respeten las reglas de juego, porque al ser diversificadas las fuentes de financiamiento, existe una brecha para la competencia desleal. Si se fortalecen los controles y regulaciones, para normar las contribuciones o el gasto -público y privado- de estos procesos, menos posibilidades existirán que el dinero sucio contamine la contienda electoral.