La deuda pública es un compromiso financiero de naturaleza obligada, que asume el Estado a través de las distintas administraciones gubernamentales, mediante la suscripción y legalización de los variados contratos con los acreedores o leyes. Los referidos acuerdos pueden clasificarse en los correspondientes a los del sector público no financiero y el de la deuda pública consolidada, de ambos se deriva el servicio de la deuda pública, compuesta básicamente por las amortizaciones al capital y los intereses.
En la formulación del presupuesto nacional, al pasar el balance entre los ingresos y egresos públicos se obtiene el resultado financiero, mismo que cuando presenta déficit es financiado por endeudamiento, con el fin de cubrir inversiones y gastos corrientes. El servicio de la deuda del sector público no financiero –objeto de atención de esta opinión- en la concepción de la elaboración del presupuesto plurianual, programa los pagos de amortización de capital e intereses en un horizonte de tiempo.
Para el examen propuesto, se ha seleccionado el periodo temporal de mediano plazo, que va desde el 2020 al 2024, como forma de tener una noción de la carga financiera que tendrán el presupuesto nacional y las autoridades públicas que asuman a partir del próximo año la administración gubernamental; así como también, para que los agentes económicos y los lectores aprecien la magnitud de honrar los compromisos del pago de la deuda y de esa manera con la información disponible puedan asumir las previsiones correspondientes.
El servicio de la deuda del sector no financiero aquí expuesto para el periodo referido asume los desembolsos y nuevos compromisos de contratación de deuda que se prevé tendrán la elaboración de los presupuestos en los próximos cinco años, considerando el panorama macroeconómico, para lo cual presentamos en forma desagregada en sus componentes externo, interno y total.
Una de las limitaciones que tiene este examen –como en muchos otros- que aborda el tema del servicio de la deuda pública, especialmente en la parte del compromiso interno, es que no hace uso del imaginario social para la estimación de la cuantificación del también servicio de la deuda privada, generada en las unidades económicas y la familia, cuando actuando como acreedores, asumen costos financieros adicionales, ocasionado en forma excesiva por los elevados niveles de atrasos en el pago del referido servicio y provocando en algunos casos el cierre de empresas y frustraciones.
Acerca de parte del manejo de la deuda y como reto, las finanzas públicas dominicanas tienen que cumplir con el pago de un total acumulado por concepto amortización de capital e intereses de la deuda externa de US$ 14,400 millones durante el periodo 2020-2024, promediando de esa manera un monto anual equivalente a US$ 2,880 millones.
El pico del servicio de la deuda pública externa lo estaría alcanzado para el 2023 con un total de US$ 4,227 millones y el menor compromiso financiero recaería en el 2022 con US$ 2,439 millones. La carga financiera de origen externo como porcentaje del PIB pasaría de un 2.88 % para el 2020 a un 2.53 % al 2024 y su punto máximo lo alcanzaría para el 2023 con un 4.2 %.
Por concepto de intereses, los compromisos externos que tienen las finanzas del gobierno encontrarían su nivel más alto en el 2022 con US$ 1,496 millones y el menor en el 2024 con US$ 1,258 millones, justo en el único año en que los interés serían menor que las amortizaciones de capital, durante el periodo anteriormente citado.
La descomposición del servicio de la deuda contratada y por nuevos desembolsos tendría su mayor punto en el 2023 con US$ 2,383 millones por el lado de los compromisos externos contratados y por el lado de las nuevas contrataciones, también en el mismo año con US$ 1,844 millones y el menor monto en el 2022 con US$ 1,804 millones contratados, a su vez el monto de US$ 635 millones pertenecen a las nuevas contrataciones.
Respecto al servicio de la deuda interna del gobierno central, el monto programado y acumulado para los años 2020-2024 ascendería a RD$ 795,277 millones, de los cuales, la mayor carga financiera recaería en el 2022 con RD$ 176,956 millones y el menor monto en el 2024 con RD$ 164,202 millones. En términos del porcentaje del PIB, el servicio de la deuda pública interna podría alcanzar un 3.1 % en el 2022 y el menor en el 2024 con un 2.4 %.
Parecido comportamiento respecto al párrafo anterior mostraría la carga financiera del servicio de la deuda interna desagregada, tanto por deuda contratada, como por las nuevas contrataciones, para los años de mayor y menor peso financiero sobre las finanzas públicas nacionales.
En términos totales del servicio de la deuda pública del sector no financiero, el presupuesto nacional y el país tendrían una presión que iría incrementándose casi todos los años, al pasar en la programación de US$ 5,015 millones en el 2020 a US$ 7,066 millones en el 2023.
El equivalente como proporción del PIB del servicio de la deuda del sector público no financiero se movería dentro del rango de un 5.0 % a un 7.1 % del tamaño de la economía dominicana, asumiendo para ello un crecimiento con estabilidad cambiaria.
La carga financiera por servicio de la deuda pública descrita precedentemente para los próximos 5 años, es señal de desafío para las nuevas autoridades que han de dirigir la administración pública dominicana, al tiempo de constituirse en un referente a no ser subestimado por parte de los agentes económicos y la ciudadanía en general.
El desafío por el lado del gobierno central tiene que ver con el manejo de la política presupuestaria, dado el desbalance financiero con el que se formula y ejecuta el instrumento financiero, provocado por la ausencia de espacio fiscal, como el originado por el descalce entre las presiones tributarias y del gasto público, que es y ha sido cubierto con financiamiento interno y externo.
Mientras que, el desafío por el lado de los agentes económicos sería que si desean manejarse dentro de un clima de estabilidad –que le genere confianza-, debe procurar junto al gobierno, algún tipo de entendimiento, a fin de garantizar la continuación del crecimiento económico y el desmonte progresivo en los niveles de marginalidad social de la República Dominicana.