La República Dominicana en procura de mejorar el desempeño de la gestión de nuestras  finanzas públicas emprendió un proceso de reforma que formalmente ha cumplido la mayoría de edad, más de 18 años han pasado y aún tenemos tareas pendientes.

Al margen de qué la Reforma se inició a principios de siglo con la revisión exhaustiva del marco legal asociado, es hasta el año 2007 cuando se dicta la promulgación de un conjunto de leyes, entre ellas, la Ley No. 05-07 que da forma al Sistema Integrado de la Gestión Financiera del Estado SIAFE. Al concluir esta primera etapa, fueron aprobados 10 leyes y 8 decretos que concentran la normativa básica para la eficiente gestión de los recursos públicos.

Se abrió paso a una segunda etapa, aún en vigencia, que ha estado enfocada en el diseño y desarrollo de los sistemas, instrumentos y procesos técnico-operativos necesarios para modernizar las finanzas públicas, asegurando la integralidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, observando su integración en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y atendiendo el seguimiento a través, en parte, de los indicadores del Public Expediture and Financial Accountability PEFA.

Desde hace unos años se destacan los procesos de desarrollo de la herramienta informática SIGEF para la gestión integrada de la formulación, programación, ejecución y reportes del presupuesto público que han tenido una implementación gradual y escalonada en las Instituciones, teniendo la DIGEPRES como entidad rectora y el acompañamiento técnico y financiero de la cooperación internacional, destacándose siempre la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

En la evaluación PEFA 2016 se destacó como un avance importante la conceptualización del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano NSPD, orientado a mejorar la articulación del plan-presupuesto, consolidar las políticas presupuestarias, introducir el enfoque de resultados y promover el seguimiento y evaluación del desempeño institucional y unas diez iniciativas más que procuran optimizar el sistema financiero público.

A pesar de estos esfuerzos el avance de estas reformas ha sido más lento de lo anticipado, producto tal vez, de la amplia gama de iniciativas en curso y las debilidades de coordinación interinstitucional que se derivan de ellas.

En los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández existió una clara voluntad política e institucional para impulsar las acciones, procesos y procedimientos de gestión de las finanzas públicas a fin de responder adecuadamente a los ciudadanos por el uso de los recursos fiscales. En la actual coyuntura, con la mirada puesta hacia el horizonte 2020, es importante repensar las prioridades y concentrar los esfuerzos en aquellas iniciativas que puedan cubrir las brechas.

En su próximo mandato el presidente Fernández tendrá la tarea de iniciar una tercera etapa en el proceso de reformas, focalizándose en el saneamiento y aprovechamiento de los recursos disponibles.