Tanto Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, como Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, leyeron ante los medios de comunicación un comunicado (dividido en dos partes) mediante el cual restaron mérito al documento presentado por la barra de defensa del exprocurador ante la opinión pública.

El canciller fue el primero en tomar la palabra al explicar que ese grupo no genera decisiones vinculantes para la República Dominicana u otros estados pertenecientes a la ONU.

«El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado sino por una resolución del Consejo de Derechos Humanos que fue establecido por una resolución de la Asamblea General de la ONU. No tiene capacidad alguna para emitir sentencia, como si puede, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco tiene, el Grupo de Trabajo, competencia alguna para ni siquiera emitir un dictamen, atributo que, si tiene el Comité de Derechos Humanos, dictamen que no es de cumplimiento obligatorio por los Estados Parte en el tratado», estableció Álvarez.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) resaltó que en todo caso que las decisiones de ese grupo de trabajo si fueran vinculantes con los poderes públicos dominicanos, primero tendría que ser aprobado por Congreso Nacional.

«Así lo dispuso la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano al establecer, en relación al reconocimiento por parte del gobierno dominicano de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que, al no haber sido sometida al Congreso Nacional, era inconstitucional; si este es un requisito establecido por nuestro Tribunal Constitucional para un órgano superior como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con mayor razón, lo sería para un órgano que no es ni de primer o segundo orden en la jerarquía de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos», explicó el funcionario, quien agregó que solo tres tribunales internacionales que pueden emitir sentencias vinculantes para República Dominicana.

«Un adefesio jurídico»

Álvarez manifestó que ese documento presentado por Jean Alain, denominado “Documento para abogados y expertos en relaciones internacionales” no es más que una «manipulación burda».

«Señores, este escrito no puede siquiera ser considerado, como gusta decir a los abogados, ‘un adefesio jurídico’; el documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del Grupo de Trabajo y de las características de su opinión, pero es tan burdo, que no pasa de hipérboles mal intencionadas», exclamó Álvarez.

Una violación y una intromisión

Culminando su participación, Álvarez señaló que ese grupo de trabajo violó un «principio fundamental» en cuánto a las características de los organismos internacionales.

«La actuación internacional de los órganos de protección es subsidiaria. Esto quiere decir que su función no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existen en la realidad o no son efectivos como, por ejemplo, en una dictadura», manifestó.

De su lado, Reynoso expresó que esa posición del grupo de trabajo constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana.

«El Grupo de Trabajo en su viciada opinión examina los méritos de la medida impuesta al acusado Rodríguez Sánchez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión», indicó Reynoso.

La misma igual indicó que el exprocurador ofreció informaciones con “falsedades y manipulaciones”, frente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el cual calificó como un “órgano político” y dijo que el interés de Rodríguez es difamar a la procuradora Miriam Germán Brito, al igual que en 2019, frente al Consejo Nacional de la Magistratura, en el que alegó que había recibido cartas anónimas sobre la magistrada, pero que las mismas habían sido redactadas por él, acción de la cual poseen “pruebas”.

“El acusado Jean Alain Rodríguez vuelve a difamar contra la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito cuando dice en su escrito ante el grupo de trabajo que la procuradora general había en el caso Odebrecht cometido faltas, al reiterar las mismas mentiras y difamaciones vertidas en contra de la señora procuradora el 4 de marzo de 2019 ante en el Consejo Nacional de la Magistratura, alegando que había recibido cartas anónimas sobre ella, aunque en realidad esas cartas la había redactado él mismo y de eso tenemos las pruebas. La repetición de esa acción ilegal evidencia su habitual tendencia a mentir y manipular ante el país, con el marcado interés de intentar atropellarle nueva vez, ahora a nivel internacional”.

Presentarán respuesta

La procuradora adjunta indicó que en los próximos días estarán enviando la respuesta oficial a ese grupo de trabajo, aunque sus decisiones no sean “vinculantes”.

“En los próximos días el Ministerio Público de República Dominicana estará presentando su escrito de defensa, no porque le reconozca méritos, carácter vinculante o efecto jurídico alguno, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones en contra del país, el sistema de justicia, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y su familia”, exclamó la representante del Ministerio Público.

Fuente: listindiario.com.do