BARCELONA (AP).- La crisis entre el gobierno central de España y Cataluña, una industrializada región del noreste del país, dio otro giro el martes cuando el presidente del parlamento catalán aplazó una sesión en la que se pretendía a envestir presidente a un exmandatario prófugo de la justicia.
Roger Torrent anunció que la sesión, prevista para la tarde, se aplazará hasta que se garantice que las autoridades españolas “no interferirán” en la reelección de Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica hace tres meses.
La decisión se produce después de que la máxima instancia judicial española decretó el sábado que Puigdemont, que será arrestado si regresa a suelo español, solo puede ser elegido si está presente físicamente en la sala, en Barcelona. Para ello debe obtener antes un permiso del juez que investiga su papel en la pugna independista.
Puigdemont es uno de los más de una docena de políticos catalanes que enfrentan posibles cargos de sedición y rebelión tras la disolución del anterior parlamento el pasado octubre, luego de una fracasada declaración de independencia que sumió a España en su peor crisis política en décadas.
Esta decisión deja al futuro gobierno de la próspera región en una especie de limbo.
El gobierno de Madrid asumió el control de la comunidad autónoma cesando a Puigdemont y a su equipo y disolviendo el parlamento tras la declaración de independencia. Seguirá al frente de la región hasta que un nuevo ejecutivo tome posesión tras las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Estaba previsto que el parlamento celebrase la primera votación para la investidura el miércoles.
El partido de Puigdemont apeló la decisión tomada el sábado por el Tribunal Constitucional alegando que su líder, como legislador electo, tiene inmunidad política y tiene derecho para convertirse en presidente catalán. Se espera que el tribunal se pronuncie más tarde el martes.
Por su parte, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió al gobierno de Cataluña que no siga adelante con la candidatura de Puigdemont y opte por un legislador que no tenga cuentas pendientes con la justicia.
Según el dirigente Rajoy, lo “más sensato” para el presidente del parlamento catalán sería proponer a un “candidato limpio” que esté dispuesto a cumplir la ley y trabajar para la vuelta a la normalidad en la región, que tiene 7,5 millones de habitantes y representa una quinta parte del PIB español.
“No voy a poner a ningún otro candidato que no sea Puigdemont”, dijo Torrent. “El presidente Puigdemont tiene todo el derecho de ser investido”.
“El Gobierno español y el Constitucional pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y catalanas y esto no lo aceptaremos”, agregó.
El gobierno de Madrid celebró la decisión de las autoridades parlamentarias catalanas. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con las normas del ejecutivo, dijo que gracias a la presión aplicada por las autoridades y los jueces “se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia”.