• Orlando Jorge Mera dice que debe hacerlo también con los usados en las primarias de octubre

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) insistió este domingo en la necesidad de que la Junta Central Electoral -JCE- realice una auditoría forense a los equipos que se utilizaron en las elecciones primarias de octubre pasado, e igualmente, a los equipos que se utilizarán en los comicios de febrero próximo.

Al abundar sobre el tema, Orlando Jorge Mera, delegado político de la organización en la Junta, señaló que cumplir con ese reclamo “despejaría cualquier tipo de dudas”.

“Ahora bien, un elemento clave e importante que de las primarias de octubre todavía no se ha hecho la auditoría forense a los equipos que participaron en esas primarias y para nosotros es fundamental para despejar cualquier tipo de dudas, que se pueda hacer esa auditoría forense”, argumentó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27.

Las elecciones primarias se celebraron el pasado seis de octubre y en ellas participaron además del PRD, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Algunos sectores cuestionaron los resultados, debido a que se utilizaron en las mismas el voto automatizado y sus resultados no fueron aceptados.

Dijo que con respecto a esa auditoría forense hicieron la observación, de quién estará a cargo de la misma y las implicaciones de la misma.

“Nosotros hemos sugerido a un experto informático argentino, que fue quien hizo la auditoría en Bolivia recientemente y que detectó el fraude electoral, él se llama Héctor Fernández, quien tiene grandes vínculos en la Organización de Estados Americanos”, acotó.

Asimismo, informó que es necesario también hacer una auditoría a los equipos que se utilizarán en las elecciones de febrero, sobre todo al programa informático que es distinto al que se usó en las primarias del 6 de octubre, para lo cual aseguró que hay tiempo.

Jorge Mera afirmó que uno de los principales desafíos que tiene el organismo es la aplicación de la ley para evitar que el uso de los recursos del Estado pueda alterar el curso del actual proceso electoral.