Por Israel Castillo de Jesús
En Latinoamérica, especialmente en República Dominicana, quienes somos ciudadanos comunes, no manejamos mucha información sobre los países de oriente medio, tampoco es que nos interese demasiado. Cuando nos mencionan cualquier palabra relacionada al mundo árabe, pensamos en un desierto, un misil, un turbante, guerra, islam, petróleo, etc, pero no pensamos en lo que hay detrás.
El año pasado, durante mi estancia en Shenzhen, China, tuve el placer de conocer a una joven iraní, de la que aprendí que Irán no es lo que pensamos a priori y que su pueblo, no necesariamente está de acuerdo con las prácticas del líder supremo, que son desafortunadamente, sus rasgos más conocidos alrededor del mundo.
Mi amiga iraní me hizo reflexionar sobre cómo vive el noble pueblo de Irán, asediado por gobiernos que imponen su voluntad por encima de la ley y sustentándose, según su propio argumento, en lineamientos divinos. Y por eso decidí escribir este artículo que, aunque resulte un tanto extenso, es apenas un resumen de la realidad iraní.
Irán es una república constitucional ubicada en Oriente Medio, basada en los principios del islam chií. Oficialmente República Islámica de Irán.
Cuenta con más de 82 millones de habitantes y es la potencia número 18 del mundo según su producto interno bruto. Asimismo, ocupa el lugar 65 en el ranking de países por su índice de desarrollo humano, lo que, entre otras razones, lo convierte en un país en vías de desarrollo.
A pesar de su desarrollo económico, Irán se mantiene con importantes tareas pendientes en cuanto a la garantía de los derechos humanos en su territorio. Las libertades de expresión, de asociación y de reunión son algunos de los derechos humanos más vulnerados en la república islámica.
El pasado año 2019, según reportes de Amnistía Internacional, hubo una gran represión por parte de las autoridades contra ciudadanos que ejercían de alguna manera esos derechos:
“En noviembre, las fuerzas de seguridad sofocaron protestas en todo el país y mataron a más de 300 personas, incluidos niños y niñas, según fuentes fidedignas. Muchas de las víctimas murieron a consecuencia de heridas de bala en órganos vitales. Se detuvo arbitrariamente a miles de manifestantes, que en muchos casos sufrieron desaparición forzada y tortura u otros malos tratos, como puñetazos, patadas, latigazos y golpes. Las autoridades implementaron un cierre casi total de Internet durante las protestas para impedir que la gente compartiera imágenes y vídeos del uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad”.
Adicional a esto, durante todo el año hubo al menos 240 detenciones arbitrarias a defensores de los derechos humanos, entre los que figuraban abogados y activistas defensores de los derechos de las mujeres y el medio ambiente. Así como ciudadanos comunes, que formaban parte de campañas contra la pena de muerte o exigían justicia por desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.
Periodistas y medios de comunicación sufrieron presión, persecución, censura, encarcelamiento y condenas judiciales injustificadas de prisión y/o flagelación. Y las principales redes sociales del mundo permanecieron bloqueadas en territorio iraní.
Los abogados son perseguidos por las autoridades iraníes por el solo hecho de defender a personas contra quienes se levantaron falsos cargos relacionados a la seguridad nacional. Se destacan los casos de la abogada Nasrin Sotoudeh, condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos y el abogado Amirsalar Davoudi, condenado a 29 años y 111 latigazos.
La misma suerte corren todos quienes se atreven a solicitar de alguna manera, un cambio en el sistema político, condiciones de vida más dignas o la solución de problemas sociales neurálgicos, como la debilidad de los sistemas de salud y educación o la falta de empleo y oportunidades.
Por motivos culturales muy arraigados, provenientes especialmente de sus tradiciones religiosas, las mujeres no reciben un trato si quiera digno y su lugar en la sociedad iraní dista mucho de lo que podría considerarse mínimamente aceptable. Hasta hace poco, la violencia de género contra la mujer no era penalizada.
Las mujeres que protestan contra el uso del velo son detenidas. A las que se lo retiran para conducir su auto, se les confisca el auto. Las que intentan entrar a estadios de futbol son arrestadas y condenadas a prisión. Solo por mencionar algunos ejemplos.
Cabe destacar el caso de Sahar Khodayari, quien murió luego de incendiarse a sí misma en la puerta del tribunal que la juzgaba por haber intentado entrar a un estadio. Luego de este hecho, el gobierno permitió la entrada de 3,500 mujeres al Estadio Nacional para un juego de clasificación para la Copa Mundial.
Las minorías étnicas sufren de una tradicional discriminación sistémica en este país. Se les niega el acceso a educación o salud y son objeto de tratos vejatorios por las autoridades.
Siendo una república de fundamentos religiosos, no es de extrañar que quienes osen actuar o pensar distinto a lo que refiere la religión oficial, reciban toda clase de vejámenes:
“La libertad de religión o de creencias se vulnera de forma sistemática en la ley y en la práctica. Las autoridades continúan imponiendo a las personas ateas y de todas las religiones códigos de conducta pública basados en una interpretación estricta del islam chií. Sólo se permitía ocupar cargos políticos clave a los musulmanes chiíes. Se siguió violando el derecho a cambiar o abjurar de religión. Las personas que se declaraban ateas seguían estando expuestas a sufrir detención arbitraria, tortura y pena de muerte por apostasía”.
La tortura y la reclusión en condiciones de hacinamiento, así como la negación de atenciones de salud a personas detenidas, continúan siendo algunas prácticas comunes y generalizadas en Irán, en muchos casos amparadas por la ley.
De igual forma, la pena de muerte representa un gran dolor de cabeza para las organizaciones de protección de los derechos humanos, en especial porque son producto de juicios injustos y maltrechos, basados en acusaciones sin fundamentos. Esta clase de condenas retorcidas, impulsadas en su mayoría por intereses económicos y/o políticos son igualmente común en dicho país.
Aunque Irán ha experimentado un importante crecimiento a través de las últimas décadas producto de la globalización y el acceso a nuevos mercados, la vulneración de los derechos humanos ha crecido a un ritmo aún más trepidante, preocupando de manera permanente a la sociedad internacional.
Está claro que en Irán existe un flagrante y progresivo accionar de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Algunos de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, perfectamente enjuiciables en el ámbito penal internacional.
Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/iran/