El PIB mundial se estanca, cae el comercio internacional y es evidente la recesión económica mundial. Un virus respiratorio (COVID19) cambió los escenarios, ha limitado la producción y su impacto en la economía dependerá de la reacción de la gente y la gestión oportuna de los gobiernos para enfrentar las limitaciones financieras, su impacto en los mercados, las empresas y las cadenas de suministro en todo el mundo.
En República Dominicana la Ley de Presupuesto para el Sector Público 423-06 dispone en su artículo 32, que se apropiará un monto de gastos equivalente al 5 por ciento de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central para ser asignados durante el ejercicio presupuestario por disposición del presidente. Siempre que las entradas de esos recursos no impliquen contraprestación efectiva de bienes y servicios.
En adición a esto, la propia Ley, pero en su artículo 33 indica la consignación anual de una apropiación destinada a cubrir los imprevistos generados por calamidades públicas, que será equivalente al 1 por ciento de los ingresos corrientes, que también serán utilizados a discrecionalidad del ejecutivo en conformidad con las medidas que establezca la Comisión Nacional de Emergencias, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 147-02 sobre Gestión de Riesgos.
Recordemos que para el presente año 2020, estos ingresos ascienden a la suma de RD$750,823 millones, según publica en su portal web la Dirección General de Presupuesto, la sumatoria de los porcentajes referidos (6 %), se traducen en RD$45, 049,380 millones, de los que puede disponer el mandatario. Si este dinero, sumado a los recursos disponibles en los presupuestos de las Instituciones incluidas en el Decreto de Estado de Emergencia se utilizaran con criterio de eficiencia para combatir la calamidad que nos sofoca, el gobierno podría ofrecer soluciones a la gente. Lastimosamente, en la improvisación se pierden vidas.
El espíritu del Presupuesto Público es asegurar la disponibilidad oportuna y el uso eficiente de los recursos que se asignan y en casos de emergencia no puede ser distinto. La correcta administración financiera pública tiene un rol determinante cuando los países entran en períodos de excepción.
Al margen de los escándalos de corrupción e irregularidades en los procesos de compra a los que se enfrenta el actual gobierno, todos los actores sociales y políticos estamos convocados a un gran pacto de cohesión social a largo plazo, que nos permita crear espacios nacionales para debatir sobre la implementación de políticas públicas y estrategias prioritarias que favorezcan la recuperación de la economía local. La cooperación de organismos internacionales será imperativa para el desarrollo de amplios sectores, incluyendo el agropecuario.
El gobierno deberá responder a los dominicanos donde están los recursos del presupuesto. La pandemia nos afecta a todos, no discrimina género, clases sociales o simpatías político partidarias, tomará tiempo recuperarnos. Es un compromiso de todos salir fortalecidos de esta crisis y por nuestra experiencia estoy segura qué no hay tropiezo del que como dominicanos no podamos levantarnos. Ánimo.