El mandatario recordó que el nuevo Código Penal, en el numeral 37 del artículo 85 del régimen jurídico dominicano, que podrá ser condenado con hasta 30 y 40 años de cárcel a quien cause daños extensos, duraderos y graves a los recursos naturales y al medioambiente.
Por: Genrris Agramonte
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 615-26, que castiga este delito con hasta 30 años de prisión
El presidente de la República, Luis Abinader, declaró de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental, elevó la protección de los recursos naturales a una prioridad estratégica de la seguridad del Estado.
La medida, oficializada mediante el Decreto 615-26, establece un riguroso marco legal y operativo que convierte la salvaguarda de las cuencas hidrográficas, parques nacionales y ecosistemas vitales en un aspecto de seguridad nacional.
Esta disposición surge como respuesta inmediata a la creciente amenaza de incendios forestales provocados, como el ocurrido en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, la deforestación y la extracción ilegal de materiales; actividades ilícitas que comprometen la biodiversidad, el suministro de agua y la soberanía alimentaria del país.
“Sea quien sea que afecte nuestros parques nacionales enfrentará consecuencias severas”, advirtió el mandatario.
Tecnología y financiamiento
Para sostener la operatividad de este decreto en el tiempo, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de un fondo especial de financiamiento destinado exclusivamente a la modernización tecnológica de la vigilancia ambiental.
Estos recursos económicos permitirán la adquisición inmediata de drones con sensores térmicos de largo alcance, sistemas de mapeo satelital en tiempo real y estaciones meteorológicas automatizadas dentro de las reservas biológicas de mayor riesgo.
Con esta inversión, los guardaparques y los cuerpos castrenses no dependerán únicamente de los patrullajes terrestres tradicionales, sino que contarán con una red de alerta temprana capaz de identificar columnas de humo o movimientos sospechosos de maquinaria pesada antes de que el daño ecológico sea irreversible.
Abinader señaló que estas áreas sufrieron durante décadas la falta de atención y de seguridad jurídica, explicando que, al inicio de su gestión, la mayoría de estos espacios carecía de títulos de propiedad a nombre del Estado, lo que propiciaba ocupaciones ilegales.
Ante este panorama, el Gobierno activó un plan de titulación nacional que ya concretó sus primeras transferencias formales a favor del Estado en los parques Loma Novillero y Montaña La Humeadora. Bajo el amparo del nuevo marco legal, las agresiones ambientales graves serán remitidas de inmediato al Ministerio Público para garantizar la acción penal. Con el respaldo del nuevo Código Penal, estos delitos tipificados como terrorismo medioambiental se sancionarán con penas de 20 a 30 años de prisión.
Firmeza judicial y persecución
Para asegurar el cumplimiento de la ley, el jefe de Estado instruyó a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y los cuerpos de inteligencia a actuar con firmeza y sin excepciones contra nacionales o extranjeros, y advirtió que no habrá impunidad ni sanciones mínimas.
Asimismo, se habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para proteger a los ciudadanos que colaboren en la identificación de los infractores.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, reafirmó la postura institucional al sentenciar: “La naturaleza dominicana no está en venta, no está abandonada y no está indefensa mientras tengamos la responsabilidad de protegerla”.
Capacitación forense
Henríquez también anunció que la estrategia incluirá un riguroso programa de capacitación especializada en criminología ambiental, dirigido tanto a los fiscales del Ministerio Público como a los agentes de seguridad asignados al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
El objetivo es estandarizar la recolección de evidencias científicas y forenses en las escenas del crimen, evitando que los expedientes judiciales presenten fallas técnicas que faciliten la liberación de los infractores en los tribunales.
Adicionalmente, el ministro enfatizó que se establecerán cordones de control comunitario en los bordes de los parques nacionales, involucrando a las poblaciones locales como aliadas clave mediante programas de desarrollo sostenible y educación, garantizando así que la vigilancia del territorio sea integral y permanente.
El funcionario calificó la normativa como un avance histórico y explicó que el ministerio asumirá un rol central al coordinar la estrategia junto al Comité Nacional Antiterrorista.
Esta gestión implicará una vigilancia permanente en zonas vulnerables y el diseño de una Política Nacional de Prevención enfocada en neutralizar siniestros provocados y resguardar las infraestructuras hídricas y energéticas.
Para garantizar la efectividad del plan, Medio Ambiente establecerá un mecanismo de monitoreo constante y transparente, rindiendo informes periódicos sobre riesgos y amenazas directamente al Poder Ejecutivo.
Esta fiscalización permanente se complementará con auditorías internacionales independientes para certificar la recuperación de la biomasa forestal degradada, y se asignará una partida presupuestaria extraordinaria semestral para blindar los operativos.
Acciones que ejecutará el Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, asumirá la responsabilidad de articular las Fuerzas Armadas con el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista para neutralizar los delitos ecológicos graves. El Ministerio de Defensa(MIDE), unificará fuerzas con la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) para vigilar permanentemente los parques nacionales y cuencas hídricas estratégicas.
Las Fuerzas Armadas integrarán inteligencia militar y al DNI para diseñar la Política Nacional Antiterrorismo Medioambiental. Asimismo, los órganos castrenses integrarán su inteligencia militar con la justicia para combatir delitos ecológicos y actuarán drásticamente contra nacionales o extranjeros que depreden áreas protegidas.
Fuente: El Caribe